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Procedimientos Judiciales

“La mayor victoria es la que no requiere batalla” Sun Tzu.

La mejor manera de ganar un pleito en España … es no llegar a la fase judicial. Los tribunales españoles están sobrecargados. Un Juzgado de primera instancia puede tardar un año en dictar sentencia – dos y tres años en muchas ciudades. Las Audiencias Provinciales, que conocen de los recursos contra las sentencias de primera instancia, tardan uno y hasta dos años en resolver. Ante estas perspectivas, hay que agotar todas las posibilidades de llegar a un acuerdo antes de interponer una demanda judicial.

Sin embargo, si usted tiene que recurrir a los tribunales españoles o ha sido demandado, querrá hacerlo de la mano de un experimentado abogado litigador. Cuento con más de diez años de experiencia en procedimientos judiciales por toda España. La clave de cualquier litigio es la estrategia y la atención al detalle.

Mi trabajo consiste en diseñar una estrategia adecuada y trabajar a fondo cada caso, alcanzando el mejor resultado posible para mis clientes.

Mi experiencia incluye todo tipo de procedimientos civiles, defendiendo tanto a demandantes como a demandados: incumplimientos contractuales, reclamaciones de cantidad, asuntos inmobiliarios, responsabilidad extracontractual y, en particular, litigios mercantiles: competencia desleal, impugnación de acuerdos sociales, disputas entre accionistas y acciones de responsabilidad contra administradores, entre otros.

Reclamaciones de Cantidad

Si una compañía española le debe dinero, el primer consejo que puedo darle es investigar la solvencia del deudor en los Registros Mercantiles y de Propiedad y, como se menciona en la sección “Procedimientos judiciales”, agotar toda posibilidad razonable de llegar a un acuerdo para evitar los tribunales. Normalmente, esta fase comenzará con una carta-burofax de reclamación al deudor y – con suerte – el inicio de una negociación para recuperar la deuda.

Si el deudor no responde o el acuerdo no es posible, usted tiene básicamente dos opciones: iniciar un procedimiento de recobro “rápido” conocido como “Proceso monitorio”, que suele durar entre tres y seis meses, o iniciar un procedimiento declarativo, que tarda más tiempo. En este último caso, dependiendo de la cantidad de la deuda, la demanda será procesada como un “Juicio verbal” – para deudas de hasta 6.000 €, que puede demorarse unos seis meses – o un procedimiento más largo llamado “Juicio ordinario” – para deudas de más de 6.000 €, que dura una media de catorce meses. Sin embargo, tenga en cuenta que, si el deudor se opone al “proceso monitorio”, usted terminará teniendo que acudir al correspondiente procedimiento declarativo, así que, si es previsible que se oponga, puede ser una mejor decisión “saltarse” el procedimiento monitorio.

Sea cual sea la situación que le afecta, permítame estudiar su caso y ayudarle a encontrar la mejor opción.

Arbitraje

Durante muchos años, España no era un país “arbitration friendly”. Las instituciones arbitrales no gozaban de prestigio y los tribunales veían con recelo esta alternativa al procedimiento judicial. Sin embargo, en 2003 el Parlamento promulgó una nueva Ley de Arbitraje que ha conseguido fomentar el arbitraje y las autoridades se han comprometido a cambiar esta actitud. Varias ciudades españolas (especialmente Madrid y Barcelona) albergan importantes organizaciones de arbitraje y el arbitraje se ha convertido en una forma habitual de resolver disputas, tanto en casos relacionados con el consumo como comerciales.

Durante mi periodo de estudios en la Universidad de Nueva York estudié principalmente arbitraje internacional, y he intervenido tanto en arbitrajes nacionales como internacionales, así como en procedimientos de anulación de laudos. Estaré encantado de poner toda esta experiencia a su servicio.

Ejecución de sentencias y laudos extranjeros

Si ha obtenido una sentencia a su favor en un país extranjero y desea hacerla valer contra una parte española o embargar bienes en España, debe iniciar un procedimiento de reconocimiento y ejecución de dicha sentencia en nuestro país.

En materia civil y mercantil, este procedimiento es más sencillo si el país donde se dictó la decisión es miembro de la Unión Europea, gracias al Reglamento (CE) nº 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que elimina la necesidad de reconocimiento previo de la decisión o exequatur. Si se trata de otro país, probablemente tendrá que pedir que se aplique la reciente Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil  del año 2015.

Además de haber asesorado a muchos clientes en este tipo de procedimientos, me avala mi experiencia como profesor de Derecho Internacional Privado en el Máster de Abogacía de la Universidad Pompeu Fabra. Si necesita ejecutar una resolución extranjera, no dude en contactarme.

Insolvencia y concursos de acreedores

Si tiene créditos contra una persona o empresa que se ha declarado en concurso en España, todavía puede llegar a cobrarlos, pero debe comunicar su crédito y asegurarse de que es correctamente incluido en la lista de créditos del Informe que realizará el Administrador Concursal (persona encargada de gestionar el concurso, nombrada por el Juez).

Además, el deudor podría haber realizado negocios perjudiciales para los intereses del concurso o haber suscrito nuevas obligaciones en previsión de su insolvencia, situación que podría ser anulada mediante una acción de reintegración si ha tenido lugar en los dos años anteriores a la declaración de concurso.

Permítame aconsejarle en cualquiera de estos escenarios para garantizar sus derechos como acreedor

Derecho mercantil y constitución de Sociedades

Con el apoyo de mis colegas de INLEY Estudio Legal, puedo ayudarle en cualquier asunto relacionado con el derecho de empresa. Esto incluye la redacción de todo tipo de contratos mercantiles, tales como distribución, agencia comercial, compraventa de bienes, financiamiento, contratos de servicios, joint ventures, arrendamientos o acuerdos de transporte.

Si desea iniciar un negocio en España, tendrá que incorporar una nueva empresa o comprar una empresa ya creada (on the shelf). A estos efectos, el tipo más común de sociedad es la “Sociedad Limitada”, donde los accionistas no son personalmente responsables de las deudas de la compañía, cuyo capital mínimo es de 3.000 €.

En cualquier caso, podemos guiarle en el proceso.

Derecho civil e inmobiliario

Como abogado que ha trabajado en derecho privado desde el inicio de mi carrera, tengo una amplia experiencia en derecho civil, particularmente en derecho inmobiliario.

Comprar bienes inmuebles en España implica mucho más que la mera elaboración de un contrato de compra. Cada operación requiere una investigación cuidadosa sobre la situación urbanística del activo y la información que consta en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, en particular en lo que concierne a la titularidad del bien y las cargas que pesan sobre el mismo, como hipotecas o servidumbres. Una vez que la situación es clara y el cliente confirma la intención de comprar, el proceso ordinario es firmar primero un contrato de arras y posteriormente una escritura pública de venta ante notario.

He tenido la oportunidad de asesorar a inversores extranjeros que compran propiedades en España para hacer negocio con ellas o para tener un segundo hogar en nuestro país. Póngase en contacto conmigo y permítame aconsejarle al respecto.

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